La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a Sala la iniciativa que busca llevar los delitos comunes cometidos por miembros de FF.AA. a la justicia civil. El parlamentario Jorge Brito (RD), autor de la iniciativa, señaló que con este proyecto casos emblemáticos como los de ex comandantes en jefe del Ejército, Fuente-Alba o Martínez, “serían juzgados por un tribunal civil, en audiencia pública”, apuntó.
El diputado Jorge Brito (RD), expresidente de la comisión de Defensa de la Cámara, se refirió a los avances que tuvo esta semana el proyecto que presentó en el año 2019 que excluye de la justicia militar las causas por delitos comunes cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas.
La instancia legislativa encargada de revisar la iniciativa finalizó la discusión en particular de la moción que busca modificar el Código de Justicia Militar, atribuyéndole al Ministerio Público competencias para investigar los delitos comunes cometidos por uniformados.
Al respecto, el parlamentario explicó que “hace décadas la Justicia Militar debería haber desaparecido o haberse restringido exclusivamente a asuntos de guerra”, por lo que aseguró que “valoramos que después de varios años nos permitan avanzar en este proyecto de ley gracias al apoyo que le ha dado el Gobierno mediante la ministra de Defensa, Maya Fernandéz”.
En esa línea, el legislador aseguró que la iniciativa cuenta “con un amplio respaldo para sacar de la competencia de la justicia militar los delitos comunes como por ejemplo el fraude al fisco, malversación de fondos públicos o los delitos sexuales”.
Además, el diputado Brito hizo mención a los casos de los ex comandantes en jefe de la institución castrense, Juan Miguel Fuente-Alba y Ricardo Martínez, afirmando que “si este proyecto hubiera sido ley hace años, los emblemáticos casos que se conocen del ex comandante en jefe del Ejército habrían sido juzgados en un tribunal civil y no militar”.
Sobre los tiempos legislativos, Brito proyectó que “confiamos en que el proyecto podrá ser ley cuanto antes, y dar certezas respecto a que en la eventualidad de que un militar abuse o se corrompa, será juzgado ante un tribunal civil, y no más en un tribunal militar, como cualquier chilena o chileno”
Cabe recordar que la propuesta transversal fue aprobada en general en octubre del año 2020, sin embargo retornó a la comisión de Defensa para un segundo informe tras ser objeto de indicaciones, quedando ad portas de ser despachada al Senado.
